El vaticinio del vicepresidente de Aetat de que si no se aplican mayores controles contra el transporte ilegal “vamos a terminar como la India, con un caos de motos y Uber por todos lados” resonó fuerte en estos días y abrió el debate en la Municipalidad capitalina y el Concejo Deliberante.
El representante de los empresarios de ómnibus ya en septiembre había advertido que se había perdido el 30% de los pasajes a manos de las app ilegales y que el transporte público de la capital iba a implosionar; ahora expresó la necesidad de que se adopte un sistema de pago por kilómetro recorrido, que, según su postura, aislará a las empresas prestatarias “de los efectos nocivos de la evasión, el transporte ilegal, las gratuidades no compensadas y las tarifas no rentables”.
La Municipalidad respondió, de parte de la Intendenta, que su gestión ya ha aportado mucho al sistema -“más de 6.000 millones de pesos en carriles exclusivos, cámaras, centros de monitoreo y pavimentación de calles por donde circulan las líneas urbanas”-, y también ha manifestado que la crisis del transporte no sólo es de la Capital sino interjurisdiccional y que por ese motivo se necesita una mesa conjunta entre Municipio, Provincia y Nación.
El problema, en efecto, es interjurisdiccional. De hecho, se sostiene con subsidios de los cuales se ocupaba antes la Nación -que los abandonó para el interior del país- y ahora son aportados exclusivamente por la Provincia, que se ocupa de regular el funcionamiento de los ómnibus interurbanos y rurales, tal como hace la Municipalidad capitalina. El interior, por cierto, tiene menos exigencias que las que se da al servicio de la capital, aunque hay que decir que la realidad es diferente en los pueblos alejados. Allí hace mucho tiempo que el sistema se ha perdido o ha dejado paso a los taxis pirata y los autos rurales, y en muchos casos no hay directamente sistema de transporte. Las apps, que tanto auge tienen en capital y zonas del Gran Tucumán como Yerba Buena, tienen escasa aparición por el interior.
El sistema, tal como está establecido, funciona mal desde hace muchos años. La ecuación subsidios, tarifas establecidas por el Concejo y la Municipalidad y costos no les rinde a los empresarios y el resultado tampoco satisface a los usuarios, que reclaman por el precio del pasaje, el estado de las unidades y las tarifas, y que se arriesgan a la oferta ilegal de las app, Estas les dan soluciones a pesar de los riesgos, sobre todo, de inseguridad. Desde hace mucho tiempo se discute sobre las app y sin que se tomen decisiones se las deja funcionar porque, según se cree, aportan servicios allá donde el sistema está ausente, como ser los viajes nocturnos.
Tanto los funcionarios como los empresarios sostienen la necesidad de que se implemente un debate serio y transparente, en el que cada una de las partes aporte sus razones y sus elementos de prueba, y que se estudie la forma de avanzar hacia las soluciones. Y ciertamente, en esa discusión tienen que estar todos los involucrados, Provincia incluida.